Valdés pidió a los funcionarios nacionales que «se hagan cargo del Gobierno que nos prometieron»
El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, ordenó al Gobierno de Javier Milei y al de la Provincia de Corrientes a presentar urgente un informe sobre la suspensión del programa Potenciar Trabajo que tenían casi 500 familias correntinas, en una causa iniciada por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá.
El juez Vallejos firmó una resolución este jueves 25 de enero y habilitó tratar en feria judicial el amparo colectivo promovido por los abogados Cubilla Podestá y Walter Espinoza, quienes actúan en defensa del Potenciar Trabajo que recibían 477 trabajadores correntinos del sector privado local.
«Ahora, los ministerios de Capital Humano de la Nación y Hacienda en la Provincia tienen un plazo de cinco días para informar sobre la situación de supuesta incompatibilidad que los llevó a dejar sin el beneficio del Potenciar a casi 500 familias correntinas», explicó Cubilla Podestá.
«Como lo demostramos en la presentación del amparo, esos trabajadores correntinos no tenían ningún otro ingreso salarial y, por lo tanto, es falso que el Potenciar era incompatible para ellos. Es falso que poseían un empleo público en la Provincia, como alegó Milei en su decisión de dejar a estas familias sin el sustento mensual», afirmó Cubilla Podestá. «El Gobierno de Corrientes le había enviado a Milei un informe donde falsamente decía que estos eran contratados de la Provincia. Ahora, llega el momento de demostrarlo en la Justicia», dijo Cubilla Podestá.
Una resolución del Ministerio de Capital Humano, ordenada por Milei, anuló el Potenciar Trabajo para 4.500 personas en todo el país, entre los cuales están los casi 500 correntinos, por supuestas incompatibilidades por percibir otro ingreso salarial. Incluso, esto motivó una investigación penal iniciada por el fiscal Guillermo Marijuan.
«No existe tal incompatibilidad en ninguno de los correntinos que trabajaban con el apoyo del Potenciar y vamos a demostrar que la Provincia mintió al enviar ese informe a la Nación y que el Gobierno de Milei tomó la decisión con información falsa», sentenció Cubilla Podestá.
Al igual que en el resto del país, los beneficiarios correntinos cumplían tareas laborales en distintos rubros de la economía del sector privado de Corrientes y que cobraban, por ello, una parte de sus respectivos salarios del Estado nacional, unos 78 mil pesos en enero de 2024, tal cual lo establecen las condiciones del programa nacional. La otra parte del salario la completaban con su propia producción económica.