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Teresa Olinda Vázquez, señalada como una de las principales personas involucradas en la causa conocida como “mega estafa con propiedades” y en la que tuvieron participación funcionarios de la Dirección de Catastro de la Provincia de Corrientes, fue capturada este sábado en la ciudad de Marcos Paz, Buenos Aires.
Vázquez, quien oficiaba dentro de la organización de falsa escribana, está sindicada cómo la cabecilla en la “mega estafa” vinculada a una venta ilegal de terrenos desde la Dirección de Catastro de Corrientes. Fue detenida por efectivos de la Dirección de Trata y Búsqueda de Personas de la Policía de Corrientes junto s personal de la DDI de Marcos Paz.
El operativo de detención llegó tras una investigación que permitió establecer que la mujer había adquirido una propiedad en esa zona. Fue así que llegaron al domicilio de España 1581 donde la mujer fue detectada, pero al ver la presencia policial ingreso a su vivienda.
Con las órdenes de allanamiento correspondiente, se logró el ingreso a la vivienda y detención de la mujer que se hallaba en compañía de dos hombres: Walter Augusto Camaño, con domicilio en el Parque Leconte de Santa Ana, Corrientes, y Emiliano Matías Fernández, oriundo de Marcos Paz.
Los tres fueron llevados a dependencias policiales de la Policía de Buenos Aires y la mujer sería trasladada en las próximas horas a Corrientes.
Vázquez llevaba poco más de dos años en calidad de prófuga desde que estalló el escándalo en el año 2022, el cual salpicó a una gran cantidad de funcionarios de aquella oficina y a otros cercanos a poder de turno.
Las maniobras quedaron al descubierto tras la denuncia realizada desde el área de Asesoría Legal de la Dirección de Catastro que advirtió las irregularidades en los expedientes y denunció el caso. Esto llevó a que el 12 de febrero del 2022, Prefectura Naval Argentina detuviera a cinco integrantes del grupo que tenían como modus operandi la falsificación de instrumentos públicos.
En ocho allanamientos realizados ese día de manera simultánea a viviendas, una escribanía y dos estudios jurídicos, se detuvo a tres mujeres y dos hombres. Entre ellos a la agrimensora Liliana Griselda Ortíz, el abogado Iván Bordón y la escriban Gladys Báez, quienes permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Se pudo secuestrar también durante los allanamientos casi un millón y medio de pesos en moneda nacional, 60.000 dólares, más de 3.000 euros, 1600 reales y 3.194.000 guaraníes, y títulos de propiedad, escrituras, planos y mensuras. En uno de los domicilios allanados, en Santa Ana, se encontró una gran cantidad de documentación adulterada como boletos de compra y venta, planos, escrituras, y casi 250 Documentos Nacionales de Identidad.
La causa, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, tiene implicados a funcionarios de la oficina de Catastro de Corrientes y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia, donde dos días después de las detenciones hubo un incendio en el área de sistemas que provocó la pérdida de documentación.
La organización buscaba inmuebles de personas fallecidas, armaban una prescripción veinteañal con terceros, mensuraban el terreno legalmente, pero cuando llegaba al Registro de la Propiedad, la cambiaban a dominante para poder escriturar la propiedad robada previa falsificación de la mensura realizada por los agrimensores.
También, si determinaban que los dueños de las propiedades estaban muertos, confeccionaban boletos de compra-venta y cesiones de derecho anteriores a la fecha de los fallecimientos. Hacían primeramente una mensura de prescripción, la que no lo habilitaba para hacer un título, entonces la fraguaban con una de dominio o deslinde, para así poder escriturar el inmueble.
La banda, tenía además un negocio irregular con el loteo San Blas, ubicado sobre la Ruta Provincial 43, a dos kilómetros de la Ruta Nacional Nº 12. Ese sería el centro del escándalo.